La plataforma 'Queremos saber la Verdad sobre Puy du Fou' continúa con la vía judicial para conseguir la anulación del Proyecto de Singular Interés aprobado por la Junta de Comunidades que permitió la apertura del parque temático. 

Sus integrantes -Ecologistas en Acción, las asociaciones de vecinos 'La Voz del Barrio' y 'El Tajo', el partido político Equo y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores y Servicios (STAS) en Castilla-La Mancha- han decidido apelar en casación al Tribunal Supremo la sentencia de La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que avaló la legalidad de las actuaciones urbanísticas. El colectivo acaba de anunciar su decisión e interpondrá el recurso de casación a lo largo de la mañana, una vez que los servicios jurídicos lo ultimen, porque hoy termina el plazo.

La batalla sigue en los tribunales a pesar de que el TSJ rechazara todos sus argumentos hace un par de meses. El texto de la demanda, que fue presentada el dos de septiembre de 2019 -tres días después de la inauguración de este parque temático- pedía al Alto Tribunal de la región que declarara «la nulidad del proyecto, su cierre, derribo y la consiguiente restauración del daño causado en una zona de la máxima protección urbanística en razón de sus valores naturales, forestales, paisajísticos y arqueológicos». El recurso presentado por el colectivo no sólo argumentaba cuestiones relacionadas a las supuestas ilegalidades urbanísticas y medioambientales del proyecto, sino que, además, sostenía que «la norma en la que se basó su aprobación como proyecto de singular interés es inconstitucional». Así, la pretensión del colectivo denunciante, perseguía que la Sala de lo Contencioso del TSJ acordara la ilegalidad del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la actividad Urbanística de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a los proyectos de singular interés. «Así, si el recurso prospera, no sólo se declararía nulo el proyecto del parque temático, sino que la norma que los ampara también sería nula y se evitarían futuros proyectos urbanísticos como éste. Es decir, aquellos en los que una decisión política se impone a las normas básicas de ordenación urbanística y de protección medioambiental», explicaba la plataforma.

El fallo del TSJ, que tiene fecha del pasado 22 de noviembre y que consta de 160 páginas, desestimaba todos y cada uno de los argumentos jurídicos de los denunciantes. De hecho, afirma que incluso «una eventual irregularidad en la concesión de una de las autorizaciones a las que periódicamente se somete el parque conforme avanzan sus fases de construcción no puede contaminar o afectar a la validez del PSI que lo ha hecho posible».

El Alto Tribunal, que consideraba «ajustado a derecho» la aprobación del PSI por parte de la Junta rebatía los argumentos de la demanda de la plataforma en materia de abastecimiento de agua, inadecuada selección de alternativas de emplazamiento del parque, ausencia de justificación de la implantación en suelo rústico protegido, uso de fuego y material pirotécnico o inconstitucionalidad de la norma que permite la aprobación del PSI, entre otros. 

La sentencia se acompañó en su momento de una condena a costas de 18.150 euros que los integrantes de la plataforma tendrán que abonar. Si bien, 'Queremos saber la verdad' ha estudiado y debatido mucho si continuar batallando en los tribunales o no debido a la «desproporcionada» cuantía impuesta «que no es habitual en este tipo de procedimientos», explica Miguel Ángel Hernández, miembro de Ecologistas en Acción. Sin embargo, considera «que hay que llegar hasta el final» y acudir al Supremo «porque el proyecto marca un antes y un después en la forma de hacer política en la región», se llevó a cabo de una manera «poco elegante» y reitera el derecho de la ciudadanía y de las entidades a acudir a los tribunales para denunciar «la ilegalidad de un proyecto» y deja claro que «la cuestión económica no pueden limitar la Justicia».

Hernández subraya que esa condena a costas invita a reflexionar sobre el acceso de la ciudadanía a la Justicia y tiene claro que las cuestiones económicas no deberían coartar el derecho. Además, señala que la situación de 'Queremos saber la verdad de 'Puy du Fou' puede ser «crítica» y corren un alto riesgo «de quiebra económica» si debe abonar las costas del TSJ y el Supremo también impone más costas si no prospera o falla en contra del recurso.

La plataforma confía en que el Supremo pueda declarar nulo el Proyecto de Singular Interés (PSI) porque «atenta contra las leyes urbanísticas, la autonomía municipal y la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha incumple los preceptos constitucionales», con lo que si el recurso termina prosperando también se declararía nula esta norma.

El recurso de casación también se apoya «en la falta de justificación para que el parque se instale en suelo protegido». Hernández recuerda que un proyecto de una gran instalación «que modifica notoriamente el territorio y el paisaje» debe acompañarse de la justificación que indique «por qué Puy du Fou' no se podía implantar en otro sitio». Además, asegura que la cuestión ambiental también es decisiva porque las instalaciones del parque «provocan un daño irremediable en la flora y fauna del territorio». Sin embargo, la plataforma ha tenido que renunciar a otro de sus argumentos, el uso de fuego y material pirotécnico en el parque, que consideran que contraviene la ley, porque este tema escapa a la legislación nacional.

La plataforma argumentará en el recurso la posible «concesión ilegal de agua por la autorización que se la ha dado para usar el agua de Toledo». En este caso, Hernández apunta que la autorización municipal se circunscribe al ámbito urbano y 'Puy du Fou' se asienta en «un suelo rústico»

Adelante. La plataforma no está dispuesta a dar carpetazo a este proyecto y abre la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)en caso de que el Supremo no admita o no respalde el recurso. «Llegaremo hasta dónde tengamos que llegar», insiste Gustavo Fabra, representante del sindicato STAS de Castilla-La Mancha, que lamenta «el acoso y las amenazas» que está recibiendo el colectivo desde que decidió denunciar la ilegalidad del proyecto aprobado por el Gobierno regional. También se pregunta «dónde están los 6.000 empleos prometidos» y recuerda que Castilla-La Mancha «ha destinado 25 millones de euros en dinero público» para este parque temático, dinero con el que se podrían contratar muchos médicos y profesores».

En este asunto, Paco Arce, de 'La Voz del Barrio', insiste en que las administraciones «en este país» defienden proyectos que prometen «riqueza y puestos de trabajo y no  se respeta la Ley del Suelo».

También José Luis Calvo, de la asociación vecinal 'El Tajo', remarca «que la ciudadanía tiene incluso la obligación de discrepar» y considera ilógica la postura del Gobierno regional en este sentido. El colectivo denuncia una vez más que el recurso que presentó en su momento «fue vilipendiado por la Junta».

A 'Queremos saber la verdad sobre 'Puy du Fou' le llama mucho la atención las actividades que se llevan a cabo en el parque temático que no guardan relación con el proyecto, como la organización de congresos. «En su momento no se valoró lo que podía ocurrir con 'Puy du Fou' y puede que al final sea de todo menos un parque temático»,  sostiene Miguel Ángel Hernández. El colectivo cree que la empresa «terminará construyendo hoteles y y haciendo competencia desleal» a los empresarios de la ciudad. En este sentido, la plataforma «mantiene sus puertas abiertas para Fedeto y para cualquier empresario que se sienta perjudicado» con este proyecto.