El pasado mes de diciembre, Icomos-España, en colaboración con la Demarcación de Toledo  del  Colegio  de  Arquitectos de Castilla-La Mancha, organizó una reunión técnica de trabajo sobre Vega Baja con el fin de aglutinar e involucrara los diferentes agentes políticos y sociales implicados -directa o indirectamente- en la gestión urbanística y patrimonial del espacio. La  cita, que logró reunir a la mayoría de los actores, a excepción del Ayuntamiento y de la Federación Empresarial, evidenció la necesaria participación de todos los agentes sociales en cualquier planeamiento que se diseñe para la zona, sea vía Plan Especial o Plan General de Ordenación Urbana.

De hecho, los presentes coincidieron en refrendar que «cualquier intento de intervenir en Vega Baja sin la participación de todos, lejos de solucionar el problema, contribuirá a su empeoramiento». Por ello, y aunque la Administración local prefirió no implicarse en la reunión -a pesar de que proclama la participación como santo y seña de su Gobierno-, Icomos ha enviado a los portavoces de cada uno de los citados en diciembre una suerte de agenda de trabajo llamada a «desbloquear la situación actual ante las diferentes sensibilidades en el conjunto de intervenciones realizadas».

Por ello, y puesto que en el citado encuentro se coincidió en señalar «la complejidad» de gestión de  Vega Baja debido, entre otros aspectos, a la multiplicidad y solapamiento  de  normativas  y  directrices contempladas en el espacio, el organismo asesor de la Unesco ha programado diferentes mesas técnicas «con  responsabilidad compartida entre  las  entidades  participantes».

Se propone la organización de cuatro mesas monográficas entre febrero y abril -Concepto: qué queremos que sea hoy Vega Baja; Urbanismo; Legislación: desde lo local hasta la escala internacional; y Difusión y educación: sociedad, arqueología y paisaje. La dinámica marcada se sustenta en convocatorias, a modo taller, en las que se agruparán las personas o especialistas interesadas en cada tema para derivar en las pertinentes conclusiones sobre cada aspecto.

Los resultados de estas cuatro mesas se expondrán en una quinta sesión, en la que se registrarán por escrito aquellas recomendaciones que «deberán ser tenidas en cuenta a la hora de redactar cualquier planeamiento o intervención en Vega Baja». No hay que olvidar que cualquier planeamiento sobre esta zona «debe contar con el consenso del órgano asesor de la Unesco, Icomos, por ser parte de un Sitio Patrimonio Mundial».

En la documentación remitida a las tres administraciones -ministerio de Cultura, servicio de Patrimonio y Arqueología de la Junta, y Ayuntamiento-, a Universidad, Escuela de Arquitectura, Asociación ‘Toledo, sociedad, patrimonio y cultura’, a Rabacht, Real Fundación, Urbs Regia, y Federación de Asociaciones de Vecinos, la entidad aboga por «encontrar un consenso entre las diferentes administraciones» en la búsqueda de «una solución que recoja tanto las necesidades de expansión lógica de la ciudad como el respeto a su patrimonio.

reflexiones consensuadas. En el encuentro celebrado en la ciudad a instancias de Icomos, los agentes sociales presentes asumieron que l a declaración de Toledo como Patrimonio Mundial -1986- «es un gran reconocimiento pero, a su vez, supone una gran responsabilidad». Es así porque requiere de una gestión que afecta «no sólo a la ciudad sino a su entorno, que aún no se ha redactado». Y puesto que, tal y como quedó evidenciado entonces, la declaración «no sólo afecta al bien, sino a una zona de amortiguamiento que debe garantizar la protección visual del  bien  declarado», los participantes mostraron la conveniencia de «atender al valor del impacto cultural  de  este  bien, asimilable a un impacto ambiental».

De ahí que desde Icomos se incida en la premisa de evitar planteamientos contradictorios abogando por diseñar una reordenación completa. Además, es una unidad de paisaje que necesita «definir y delimitar, figura real de protección, un Plan Especial y suspender cautelarmente todas las  actuaciones  actuales  hasta  su  implantación».

De hecho, se pudo en evidencia  que la actual gestión urbanística «adolece  de  un  modelo  de  ciudad  sostenible», por lo que «estudiar y divulgar el valor real de este entorno es el paso previo para su gestión y conservación». Ante ello, se concluyó que «la ordenación del yacimiento realizada en su momento se hizo sin un conocimiento real del mismo, y actualmente se está procediendo de oficio a su re-delimitación». Esto es, «un yacimiento arqueológico no puede delimitarse con una línea y deben impedirse actuaciones  irreversibles». 

La  declaración mundial como Patrimonio se sitúa por encima de las normativas autonómicas y locales, razón por la que se apreció que Icomos es el organismo que «debe informar sobre las actuaciones que afectan al patrimonio declarado». Por ello, frente a la nueva delimitación del yacimiento, se recuerda que «no sólo se puede limitar la protección arqueológica por conocimiento directo, también existe la presunción, y ya hay conocimiento suficiente en estos momentos para acometerla».

Y para confirmarlo, aseveró Icomos que «el criterio IV de la declaración de Patrimonio de Toledo es «ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de un conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre una o más etapas significativas de la historia de la humanidad», por lo que la protección del paisaje de la ciudad está implícita  en el mismo». Se entendió, en este punto, que existe «un déficit de conocimiento en la ciudadanía del valor de  Vega Baja» a pesar «del gran esfuerzo de todos los presentes, siendo esto más acusado en los temas de paisaje».