Los funcionarios de Justicia también están de huelga. Los de Talavera se manifestaron ayer frente a las puertas del Palacio de Justicia de la ciudad para reclamar un incremento salarial ante la regulación de funciones y cambios en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (Loeo) que tramita el Gobierno. A la huelga general celebrada el miércoles, con manifestación en Madrid, se unieron ayer los paros indefinidos diarios de 10 a 13 horas convocados de forma indefinida hasta que se atiendan sus peticiones.

La ruidosa concentración ha discurrido con gritos, silbatos y megáfonos frente al edificio judicial, donde se ha pedido la dimisión de la ministra Llop y se han pedido «retribuciones justas y funciones claras».

La delegada sindical de STAJ en la provincia, Ana María Sánchez Chico, explicó que se sienten «ninguneados» por el Ministerio de Justicia, después de llegar a un acuerdo con los letrados «a los que pagan por funciones que hacemos  nosotros». Poco antes de la protesta, Sánchez explicó a La Tribuna que llevan «muchos años pidiéndole al Ministerio que regule bien  las funciones de cada uno de los cuerpos para que sepamos lo que tenemos que hacer», por lo que tras la huelga de los letrados -antiguos secretarios judiciales-, se han visto animados a reclamar lo que creen suyo.

No es la única reivindicación. A ella se suma la ley de Eficiencia Organizativa, aún en tramitación en el Congreso, que recoge la posibilidad de movilizar al funcionariado en función de la carga de trabajo,  acabando con el derecho de elección de destino «lo que vulnera nuestro derecho porque no vamos a poder movernos ni elegir geográficamente».

Asimismo, indica la delegada sindical, han acordado la subida de suelda con los letrados atendiendo a esta ley, que «no se puede aplicar porque aún se está tramitando y no se ha negociado con los sindicatos», por lo que «nos están traicionando de muchas maneras».

Por dignidad. Los funcionarios de Justicia, que suponen el 93 por ciento de los profesionales del ámbito jurídico o lo que es lo mismo, unas 45.000 personas, se levantan «por dignidad» ante las consecuencias negativas que recaen en sus funciones. Aseguran ser conscientes de «estar causando un grave perjuicio al ciudadano pero no somos nosotros, es el Ministerio de Justicia el que lo causa». Así, ya advirtieron a la administración que si negocia con los letrados «y les das lo que te están pidiendo, vas a tener un conflicto con nosotros, y así lo han hecho».

Esta nueva huelga en días puntuales y paros horarios, con carácter indefinido, vuelve a suponer cancelación de juicios, declaraciones o devolución de dinero, lo que se suma a los retrasos ya generados por la anterior huelga de letrados y que, en opinión de Sánchez, deja una cosa clara: «Realmente la justicia sale por la buena voluntad de los funcionarios».