El responsable del Urbanismo municipal sentenció hace unas semanas, sobre la futura construcción del cuartel de la Guardia Civil en la parcela anexa al yacimiento arqueológico, que el edificio «se construirá porque cuenta con «la aprobación, por unanimidad, de la modificación 28 del POM», gracias a la que se convirtió el suelo «de uso terciario en suelo de uso dotacional». Esto es, aclarando que lo que se ha ejecutado se ha centrado en «dar cobertura a un suelo que no tenía planeamiento» puesto que, explicó, «en ningun caso hemos alterado los aprovechamientos».
Por ello, se hace conveniente señalar que el calificativo de terciario se relaciona con «la prestación de servicios al público, las empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio en sus diferentes formas, información, administración, gestión, actividades financieras u otras similares», mientras que para que la ciudad cuente con suelos dotacionales, destinados al uso público o a dar un servicio público a los ciudadanos, es necesario la calificación de suelos como dotacionales por el planeamiento urbanístico, y la titularidad pública o, en su caso, su obtención por la administración.
Pues bien, ante este terminología urbanística, y puesto que los detalles sobre esta futura edificación son escasos, según ha podido saber este periódico la intención de José Pablo Sabrido se centra en aprovechar la citada construcción para urbanizar por completo la parcela por ambas partes elegida.
Una porción de suelo localizada en la Avenida Mas del Ribero, en paralelo al yacimiento delimitado de Vega Baja, que además de contener el cuartel -casualmente en la parte más cercana a la esquina de la rotonda de la Guardia Civil- se plantea completar con la construcción de unas 120 viviendas -número rebajado porque hasta hace poco tiempo se barajaban 200-, y con la edificación -en el rectángulo que quedaría frente al colegio Poblado Obrero- destinado a sostener un edificio que pudiera dedicarse tanto a oficinas como a explotación comercial u hotelera, tal y como admite el terciario.
Esto es, acogiéndose a la máxima de que esta parcela no forma parte del yacimiento arqueológico, desde el Ayuntamiento se está trabajando para entrar en Vega Baja de la mano de una infraestructura que se vendió por parte del edil títular del área de Urbanismo, como «oportunidad para que los guardias civiles olviden las condiciones infrahumanas en las que se ahora se encuentran». Situación que pueden olvidar igualmente en cualquier otro emplazamiento no afectado por la existencia, en el lugar, de unos restos arqueológicos relacionados con los constatados en el terreno anexo.
Palabra de Page. Sea como fuere, y puesto que el equipo de Gobierno municipal no parece querer apearse de este ‘burro’, a nadie se le escapa que a juzgar por los resultados obtenidos tras el análisis geofísico -mediante una prospección con ‘Medidas de Resistividad’- en la zona es muy probable la existencia de estructuras arqueológicas conservadas en el subsuelo.
En este punto, incluso el presidente regional en el desayuno informativo de La Tribuna remarcó, sobre este planeamiento, que si en algún momento «hay un problema de cata arqueológica, no hace falta carteles ni protestas porque se tiene que someter todo a la legislación». De hecho, Emiliano García-Page envió un mensaje «de tranquilidad» porque se trata de una zona «en la que nunca va a pasar nada en contra de la legislación». Además, aseguró que todas las administraciones «irán de la mano» para que esta zona mantenga la máxima protección y disponga de «una regulación protectora de máximo nivel».