La retirada de los restos de amianto diseminados en la periferia del barrio del Polígono continúan dando quebraderos de cabeza a la Junta de Comunidades.

Desde que el cinco de junio de 2014, a raíz de una denuncia de cuatro colectivos (Asociación de Vecinos ‘El Tajo’, Plataforma en Defensa del Tajo, Ecologistas en Acción e Izquierda Unida-Los Verdes) ante la Fiscalía General de Medio Ambiente de Madrid, se determinara que existía un riesgo para la salud de la población cercana, desde la Consejería de Medio Ambiente no han parado de dar vueltas a un problema costoso en tiempo y dinero.

Los primeros informes realizados sostenían que en la zona había unas 90.000 toneladas de amianto diseminadas durante el desmantelamiento de la empresa Ibertubo, especializada en la fabricación de tuberías de fibrocemento. El coste de la retirada total se fijaba, sobre el papel, en unos 14 millones de euros. La falta de presupuesto hizo que Junta y Ayuntamiento acordaran una actuación mixta, consistente en la retirada de los restos más cercanos a las viviendas y en el sellamiento de los vertidos más alejados.

La fórmula lleva tiempo aplicándose, con actuaciones como la de la calle Lagunas de Arcas o una primera limpieza de la enorme parcela del desechado proyecto del Barrio Avanzado.

Junto a los gobiernos local y autonómico, también ha trabajado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), toda vez que una gran cantidad de los restos estaba depositada en zonas de dominio público hidráulico, como son los márgenes del arroyo Ramabujas, que circula por toda esa zona de la ciudad.

La CHT, organismo autónomo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha retirado, entre 2016 y 2017, unas 12 toneladas de tubos de fibrocemento del cauce del Ramabujas.

Esa retirada se ha realizado de forma subsidiaria, con cargo en muchas ocasiones a los propietarios de las fincas colindantes. Algunos de esos titulares optaron por colaborar, mientras que otros se vieron expuestos a expedientes sancionadores.

La Confederación siempre ha actuado en la zona conforme a un Plan de Trabajo aprobado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta, con los que ha colaborado en todo momento.

Fruto de esa colaboración, y toda vez que a finales de 2018 se detectó que existían aún muchos restos compactados en la tierra que conformaba los cauces del arroyo, Junta y CHT empezaron a estudiar cómo poder eliminar el riesgo.

Las zonas en las que se encuentra incrustado el fibrocemento son de difícil acceso, escarpadas para la maquinaria, y trabajar en ellas acrecienta el riesgo de un derrumbamiento, con el consiguiente peligro para los trabajados y, además, con la amenaza de que las partículas de amianto quedaran en suspensión en una zona tan cercana a un núcleo habitado.

Por ello, la propuesta que se puso encima de la mesa consistía en soterrar y encauzar el arroyo Ramabujas para, una vez realizados esos trabajos, proceder a sellar el terreno con el amianto como se ha realizado ya en otras zonas, principalmente en parcelas particulares.

Los técnicos de la CHT han dado luz verde al proyecto, que ahora está en manos de la Junta en fase de estudio.

El encauzamiento y soterramiento de un arroyo como el Ramabujas no será barato, y aunque no se maneja aún ninguna cifra oficial, los trabajos podrían tener un coste entre los 500.000 y el millón de euros, dependiendo de la longitud total de encauzamiento.

Luego segaría el momento de contener el fibrocemento. El proceso de sellado del amianto incluye una primera fase de estabilización del terreno para evitar el movimiento de polvo que pueda contener fibras de amianto. Después se colocan dos tipos de láminas diferentes sobre el terreno, cubiertas con medio metro de tierra y vegetación. Todo ese proceso tiene también un elevado coste, que hace que toda la retirada y sellado del amianto en el barrio se esté disparando.

Desde la Junta no quieren dar pasos en falso ni precipitarse, ya que la actuación el amianto en la calle Laguna de Arcas les ha deparado sorpresas desagradables.

Y es que, en esa zona hay acumulado bastante más amianto de los 600 metros cúbicos esperados. En concreto, tal y como confirmo en su día a La Tribuna el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, cuando comenzaron los trabajos bajo el primer emplazamiento de la carpa de presión negativa, los técnicos se dieron cuenta de que el cúmulo no era superficial, ni mucho menos, y que se extendía a una profundidad de cuatro metros y medio.

La parcela afectada en Laguna de Arcas cuenta con 7.000 metros de extensión, por lo que se calcula que allí yacen entre 10.000 y 15.000 metros cúbicos de fibrocemento.

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha decidido llevar a cabo allí la retirada absoluta de los restos y detener su plan inicial de encapsularlos.

En Ramabujas, por su parte, las conversaciones iniciadas en su día por el Gobierno regional con la Confederación Hidrográfica del Tajo llegaron a un rápido entendimiento. La opción elegida para esa zona en concreto es sellar el amianto, y el plan, a falta de confirmación oficial, parece que consistirá en soterrar y encauzar el amianto. CHT y Junta esperan no repetir allí la mala sorpresa de Lagunas de Arcas.