Es lo que más publicita el sanchismo: con Pedro Sánchez se ha acabado el procedimiento del independentismo, el llamado procés.
Con el presidente español han pasado a la historia las manifestaciones, la violencia en las calles y los desplantes a todo lo que significa España y español. Los indultos, la futura Ley de Amnistía, la abolición del delito de sedición, la rebaja de condena del delito de malversación, la manga ancha ante las exigencias del independentismo de relegar la enseñanza del castellano y la cultura española en los centros educativos, dar prioridad a Cataluña frente a cualquier otra comunidad autonómica en cuestiones relacionadas con la economía y en adjudicaciones de sedes estatales y europeas, recortar las funciones de la Guardia Civil, cerrar cuarteles, disminuir la presencia del rey en actos institucionales… Todo eso lo justificaba el sanchismo con el mismo argumento: era necesario rebajar la tensión que se vivía en Cataluña. Había que apostar por la convivencia, por la serenidad, por crear el clima que necesitaban sus ciudadanos para vivir en paz.
El pasado 12 de mayo, cuando se conocieron los resultados electorales, con el triunfo del PSC que abría la puerta a Salvador Illa para convertirse en presidente de la Generalitat, se comprobó que, por primera vez en años, los votantes independentistas eran menos que los constitucionalistas. Desde el PSOE sanchista, se echaron las campanas al vuelo: que el proceso independentista había muerto. Gracias a Pedro Sánchez, que había cumplido con su principal objetivo como presidente del Gobierno.
Antes de abrir la trastienda, es necesario un apunte: el sanchismo incluye en el constitucionalismo a El Comú, los comunes, el partido de Ada Colau integrado en Sumar. Efectivamente, En Comú no es un partido que defienda la independencia, aunque sí la celebración de un referéndum que, señalan, apaciguaría los ánimos. Señalan también que, en el caso de que se convocara ese referéndum, su partido pediría la permanencia en España. Sin embargo, eso no les otorga la etiqueta de constitucionalistas. Han hecho alarde de republicanismo y de no aceptar el texto de la Carta Magna. Y no se trata solo de lo relacionado con la monarquía. Cuestionan varios de los artículos básicos de la Constitución, al abrazar causas independentistas como la igualdad de todos los españoles a contar con los mismos derechos y obligaciones.
a la espera. En la trastienda, efectivamente, se advierte un retroceso del independentismo, pero concluir que eso significa el fin del procés ya no es aceptable. Se ha reducido la violencia que el procés aceptaba como fórmula para alcanzar la independencia, pero los protagonistas no han renunciado a uno solo de sus principios, sino que están a la espera de cómo se presenta el futuro.
Pedro Sánchez ha prometido que el día 30 de mayo habrá Ley de Amnistía y todos los condenados por los tribunales verán anuladas sus condenas. Más que eso: con la amnistía, las condenas no han existido. El jefe del Ejecutivo puede cumplir la promesa de aprobar en plazo dicha norma, ya que cuenta con la necesaria mayoría parlamentaria en el Congreso; pero no está en su mano prometer su aplicación con efecto inmediato como exige Puigdemont porque no depende del presidente del Gobierno, sino de los jueces que tendrán que ver caso por caso. Y dependerá también del Tribunal de Justicia de la UE, ya que el Supremo tiene preparada la cuestión previa para presentarla de inmediato ante esa instancia europea, como también tiene listas las alegaciones que justifican la cuestión previa. Si el órgano europeo atiende el requerimiento del TS, que se da por hecho, la aplicación de la ley se bloquea hasta que lo decide el tribunal, lo que puede tardar hasta dos años. Este proceso, que se ha contado hasta la saciedad, parece que no lo asumen los implicados.
De momento, pensando en el futuro, los sanchistas se atribuyen haber promovido el fin del llamado procés. Un movimiento político que convulsionó a Cataluña y España entera.
La comunidad, después de Pujol, vivió un tiempo de serenidad cuando, en 2003, empezó el tiempo de los tripartitos. El primer gobierno de coalición PSC-ERC-Iniciativa por Cataluña lo presidió Pasqual Maragall, y en el 2006, también del mismo modo, el elegido fue Montilla. Después regresó un gobierno de Convergencia, liderado por Artur Mas, que dio alas al independentismo, hasta el punto de que él mismo, que siempre había dicho ser nacionalista, abrazó la causa y dio paso a un gobierno dirigido por Puigdemont.
Para muchos de los analistas e historiadores de la España reciente, los años de tripartito acabaron con el incipiente procés, pero renació con Puigdemont. Y, debe reconocerlo el PP, no lo afrontó con suficiente inteligencia política Mariano Rajoy, que primero con Mas y después con Puigdemont, luchó contra la causa sin dar respiro, tensionando la cuerda hasta el punto de decidirse por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que disponía que el Gobierno catalán sería intervenido por el español. Eso provocó la huida cobarde de Puigdemont a Francia para instalarse en Bélgica, sin informar a sus socios de gobierno y de partido. El PSOE debe reconocer que el 155 se produjo gracias al apoyo de Sánchez, que lo negoció directamente con Mariano Rajoy y también fue apoyado por Albert Rivera.
NEGOCIAR CON PRÓFUGOS. Celebradas unas nuevas elecciones en Cataluña pocos meses más tarde, el independentismo se hizo nuevamente con la Generalitat… y el procés resucitó con una virulencia nunca conocida. Sánchez se convirtió en presidente en el 2018 y, desde el primer momento, su apuesta fue promover una política completamente distinta respecto a Cataluña. Ello provocó una profunda crisis en el socialismo español, más una división en la izquierda política y en la sociedad, atónita por la decisión de Sánchez de dar permisividad ante los desmanes que promovía el independentismo, marcando él mismo líneas rojas que, sin embargo, traspasó cuando comprendió que, si no lo hacía, perdía el gobierno. Sus hitos fueron el indulto a los condenados por el procés y, ahora, la Ley de Amnistía.
Las elecciones catalanas de hace una semana han supuesto que Puigdemont haya ha hecho campaña desde Francia pero con un resultado muy superior al esperado, muy cerca del PSC. Y han supuesto que se ha visualizado el declive del independentismo, que baja en aceptación social.
Pedro Sánchez, sin embargo, se autoproclama como el político que ha puesto punto final al procés. Pero Puigdemont sigue amenazando con dejarle si no le ayuda a llegar a la Generalitat. Por otro lado, ERC ha estallado y es difícil pronosticar su futuro porque Junqueras se ha apartado por un tiempo.
Mientras, se produce un hecho insólito que demuestra que Cataluña no es hoy la región que ha superado, gracias al sanchismo, las graves consecuencias del procés: el PSC se ve abocado a negociar con Marta Rovira, actual líder en funciones de ERC que reside en Suiza, los apoyos parlamentarios.
Es decir, el Gobierno, una vez más, negocia con una prófuga de la Justicia. No es precisamente un signo de la normalidad política y social que demostraría que han quedado atrás los tiempos convulsos.