La anulación del barrio Z-9, con unas 350 viviendas construidas, por el Tribunal Supremo ha terminado siendo debatida en el Pleno de Chozas de Canales. Aunque aún no se sabe qué hará el equipo de Gobierno del PSOE, y el PP le ha reprochado su falta de explicaciones. Entre otras cosas, el portavoz ‘popular’, Julián Agudo, reprochaba al alcalde Ignacio Pitaluga que el PSOE, en su momento, no cobrara los avales que debía depositar el constructor Felipe Barbarroja cuando se construyeron éste y otros PAU Z. Según su estimación, todos estos avales rondarían una cifra de unos 15 millones de euros.

Agudo recordó que sólo en el Z-9, el constructor debía haber depositado unos 1,8 millones de euros de aval. Un dinero que ahora hubiera venido bien para sufragar las inversiones necesarias para legalizar este PAU. El portavoz preguntó en el Pleno «por qué se perdonó ese aval  en detrimento del interés de los vecinos» cuando el PAU fue aprobado por Pitaluga como concejal en 2004 . El actual alcalde aseguró que responderá por escrito.

El del PP añadió que sólo existe un PAU con aval para reparar posibles defectos porque intervino para que así fuera cuando era alcalde. Es el Z-11, donde hay consignados 2,5 millones, aunque el constructor ha recurrido su ejecución.

lectura de la sentencia. Durante la sesión ordinaria de ayer, se dio lectura a la sentencia del Supremo que anula el Z-9 para el conocimiento de la Corporación. Según Agudo, el alcalde sólo explicó que próximamente se conectará la red de aguas del barrio al sistema de Picadas, lo que solucionaría una de las carencias del barrio anulado por el Supremo. Sin embargo, advirtió a Pitaluga que este asunto no ha quedado solventado de manera adecuada, ya que quien tenía que haber pagado este enganche, valorado en 280.000 euros, era el constructor y no el Ayuntamiento con fondos públicos que no pudieron usarse para otras necesidades de todos los vecinos.  

El concejal opositor criticó que el regidor, más allá de su promesa genérica de que relegalizará el barrio anulado no exponga «que esto lleva un procedimiento, que lleva unos costes, y en el Ayuntamiento no vamos a tener capacidad para asumirlo. ¿Y los vecinos, qué pueden hacer?».

Agudo afirma de Pitaluga que «este hombre se cree que legalizar es sólo firmar papeles», recordándole que está imputado por una presunta prevaricación al haber ya intentado legalizar el Z-9 en un Pleno de 2009, cuando ya estaba anulado por el Tribunal  Superior de Justicia.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con el alcalde de Chozas, que no ha atendido la llamada.