El Tribunal de Cuentas ha puesto la lupa sobre la gestión de Gicaman (la ‘constructora’ de la Junta) durante los años del boom inmobilario. En concreto, investiga las «presuntas irregularidades» detectadas en el año 2006 en esta empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, según informa el fiscalizador en un edicto.

El Tribunal de Cuentas toma cartas en el asunto tras analizar el último informe de fiscalización de Gicaman, elaborado por la ya desaparecida Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. Un documento donde se detectan deficiencias en el control interno de esta empresa pública, pagos ‘extra’ a los directivos, la presencia de terrenos sobrevalorados y cierta dejadez  a la hora de exigir a las empresas contratistas el pago y la reparación de los desperfectos  en las VPO a su cargo, entre otros puntos.

El procedimiento elegido es el de ‘reintegro por alcance’, donde el Tribunal de Cuentas deberá detectar las posibles responsabilidades en el asunto y, en el caso de haberlas, señalar a quién le corresponde el pago de los daños y perjuicios causados a las arcas autonómicas. Se acaba de abrir un plazo de nueve días para que los afectados por este proceso puedan personarse.

descontrol en la gestión. En su informe sobre Gicaman, la Sindicatura de Cuentas ya advertía de que esta empresa pública no disponía de una inventario general de su inmovilizado ni de sus existencias, ni realizaba un recuento periódico de las mismas.

También se criticaba que la disposición de fondos bancarios se efectuara con la única firma del presidente, así como la falta de control  sobre las compras y su ajuste «a las condiciones más ventajosas del mercado».

En el área económica-financiera, la Sindicatura también avisaba del ‘trasvase’ de deuda de un año a otro y apuntaba que el procedimiento contable empleado en el registro de gastos por facturas pendientes no era el correcto.

Este descontrol también llegaba a las propiedades. Tanto es así, que algunos inmuebles de la entidad no se encontraban a su nombre en el Registro. Es el caso de varias obras localizadas en Alcázar de San Juan, Manzanares, Toledo y Cuenca. Y en más de medio centenar de viviendas vendidas por Gicaman, los propietarios no pudieron escriturar al  no costar en las empresa pública las correspondientes escrituras.

Asimismo, la Sindicatura detectó que los terrenos asociados «a muchas construcciones no estaban registrados en la contabilidad, debido a los retrasos en la formalización de las cesiones de los terrenos y las escrituras de aceptación». Algo que generaba «incertidumbre sobre la valoración y composición de los terrenos» e «inseguridad jurídica» sobre su propiedad.

El informe fiscalizador del ejercicio 2006 también alertaba de terrenos propiedad de Gicaman sobrevalorados. Es el caso, por ejemplo, de los suelos destinados a ‘viviendas en Pueblo Nuevo de Bullaque’ o de la promoción de 30  VPO en Argamasilla de Alba, donde esta sobrevaloración supera los 170.000 euros.

Además, se denunciaba que en la promoción de 20 viviendas en Yuncos (Toledo), no se registró parte de la facturación, por lo que se infravaloró el saldo de las existencias de obra en 395.810  euros, el saldo de proveedores en 423.517 euros y el IVA soportado en 27.707 euros, entre otras deficiencias.

En el ámbito del personal, la Sindicatura señaló la subida del 16%  en el salario de uno de los jefes de unidad, sin que ello «venga motivado por nuevas o mayores competencias» y el pago de un extra de 5.369 euros a un directivo, superando con ello el sueldo máximo autorizado por Economía. También se avisaba de que no se había reflejado en el IRPF las primas del seguro médico de los directivos y los seguros de accidente.

Por último, la Sindicatura de Cuentas criticaba la dejadez de Gicaman a la hora de reclamar judicialmente a las empresas contratistas el gasto de las reparaciones en las obras ya terminadas. Es el caso de las promociones vendidas en Alberche del Caudillo (20 VPP) , Calera y Chozas (25 VPP) o Yuncos, donde el gasto total superó los 1,3 millones de euros.

Otros juicios pendientes. El de Gicaman no es el único procedimiento que la anterior Junta socialista tiene abierto en el Tribunal de Cuentas. A finales del pasado año se inició el juicio para determinar las presuntas irregularidades del convenio de publicidad firmado por la ya extinta empresa pública ‘Don Quijote’ y una línea aérea durante la última etapa del Gobierno socialista, que ascendió a 3,24 millones de euros.

Y hace pocos meses se abría otro proceso contable contra la política de contratación de la entonces Junta socialista durante el ejercicio 2007. En un informe de la se avisaba de la falta de objetividad en algunas adjudicaciones y se advertía de que en casi la cuarta parte de los expedientes (más de la mitad el caso del Sescam) se producían incidencias en la comprobación del gasto.