El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo acogió la pasada jornada los testimonios de familiares, equipo médico y diputado de Bienestar Social, así como del director del centro, en relación con la intención del equipo de Gobierno de la Diputación de cerrar el Centro de Día de la residencia social-asistida San José, donde acuden usuarios enfermos de Alzheimer, y que se paralizó de forma cautelar gracias a la denuncia del PSOE.

El juez que dirigió la vista se interesó por saber los posibles riesgos que puede suponer para los enfermos el cambio desde su ubicación actual hasta otro centro de mayores no especializado en esta enfermedad, según indicaron a este diario fuentes del equipo de profesionales que acudía a los juzgados, formado por un médico, un psicólogo, una terapeuta ocupacional y una enfermera.

Igualmente, el juez preguntó si conocían si desde que se decretó el cierre de ingresos hace ya tres años, el centro había sufrido reformas, a lo cual contestaron que sí, como también hicieron los familiares que acudían como testigos, que aseguraban que no tuvieron constancia de la intención del cierre hasta que no se publicó en los medios de comunicación, aunque sí recibieron misiva de la Diputación informándoles del cambio de destino, pretendido, de sus familiares, eso sí, una vez que todo el expediente estaba ya cerrado.

Por parte de la Diputación se desplazaron hasta la calle Marqués de Mendigorría de la capital regional el responsable de Bienestar Social, Jesús Guerrero, así como el director de la residencia social-asistida, indicaron fuentes de la entidad provincial. El presidente, porque así le ampara la legalidad, presentó su testimonio de forma escrita. En todo caso, desde la Institución liderada por Arturo García-Tizón no quisieron valorar el asunto.