El grupo socialista en la Diputación de Toledo asegura tener fundadas sospechas de que desde el Partido Popular se estarían modificando los expedientes de los usuarios del centro de día de la residencia social-asistida (RSA) San José para favorecer su traslado a la residencia de Azucaica. Según expresó el presidente del grupo, Fernando Muñoz, para acceder al centro de día de la recién inaugurada residencia se necesita un grado II o III, cuando hay usuarios que tienen grado I, por lo que se estaría procediendo a realizar los oportunos cambios para favorecer el traslado y así proceder al cierre del centro de día. Y todo ello, agregó Muñoz, sin notificárselo a los familiares y sin realizar la necesaria rebaremación de los pacientes, enfermos de Alzheimer.
Los socialistas no dudan de que en la residencia de Azucaica -que inauguraba oficialmente la princesa Letizia hace escasos días- se les pueda dispensar un buen trato, pero recuerdan la especialización y experiencia de los profesionales de la RSA en materia de Alzheimer, lo que favorece el tratamiento de los pacientes. En este sentido, apuntan que el coste medio de una plaza en el centro de día de San José es de unos 1.200 euros, más del doble del coste de la residencia del barrio toledano, por lo que entienden que las prestaciones van a ser menores, no en vano la RSA es un centro de referencia, agregan, en el tratamiento de esta patología a nivel regional, siendo el único con estas características en la provincia de Toledo.
enorme preocupación. De esta forma, Muñoz apuntaba ayer en rueda de prensa la «enorme preocupación» del PSOE «por el presente y, sobre todo, por el futuro» de la residencia social-asistida, no sólo del centro de día, puesto que a juicio de los socialistas, el fin último de la Diputación pasa por desmantelar el conjunto del centro, dando muestras de que el PP, tanto en la Junta como en la Institución provincial, está liderando gobiernos «sin alma y sin corazón» y que confirman «la máxima del PP de que las prestaciones no son un derecho sino servicios y, por lo tanto, quien los quiera, que los pague».
Para Muñoz, la intención del traslado de los usuarios no es sino una «desconsideración absoluta, porque no se mira el trastorno, dada la dolencia que padecen, que se puede ocasionar con el traslado». Y encima, «nos consta que el presidente -Arturo García-Tizón- se niega a recibir a las familias, aunque al menos desde el PSOE «no vamos a parar de exigir transparencia a Tizón, y que no cierre el centro de día de la residencia», dijo el diputado provincial, añadiendo que «debajo de este nubarrón no nos cabe duda de que está el interés por privatizar servicios».