El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha denunció ayer en un comunicado que ha tenido conocimiento de que dos agentes pertenecientes a la Policía Local de Numancia de la Sagra, entre ellos el oficial jefe, prestaron servicio en el Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra durante diferentes días del mes de agosto de 2.013 en las fiestas del segundo municipio. A este respecto, indicaron que no hay constancia de la existencia de convenio de colaboración entre ambos ayuntamientos, según obliga la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
A este respecto, advierten de que se generó «una grave situación» porque se podría haber ejercido las funciones de Policía Local fuera de su ámbito territorial, lo que supone una «grave infracción».
Sin embargo, el alcalde de Villaluenga de la Sagra, Francisco Javier Parra, manifestó ayer a este diario que los dos ayuntamientos firmaron un convenio de colaboración para los cuatro días de las fiestas. A este respecto, añadió que se trata de una práctica habitual entre los consistorios estos acuerdos, tal y como se ha hecho en la localidad en años anteriores para reforzar la presencia de agentes en esta población que cuenta con policías municipales.
«La situación es más lamentable, ya que los servicios realizados no fueron en apoyo de los agentes del Cuerpo de la Policía Local de Villaluenga de la Sagra, sino que los agentes de Numancia de la Sagra realizaron en solitario la prestación del servicio», subraya el sindicato en el comunicado. Y agrega la nota: «Esta situación conlleva una grave irresponsabilidad tanto por parte de los responsables del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra, demandantes del servicio, como de los agentes de Numancia que realizaron el servicio, y de los responsables del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra».
informar de la denuncia. El sindicato ha puesto en conocimiento de esta denuncia a la Dirección General de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, a la Delegación del Gobierno en la región y al Ministerio del Interior para que actúen en consecuencia.
Además, apuntan que en el caso de que aparezca un documento que quiera «camuflar» esta infracción, se pondrá el caso en manos de la Fiscalía. Sobre esta cuestión, hacen hincapié en que «tenemos la certeza de que el servicio se ha prestado sin los requisitos legales establecidos».