La cita que el sábado congregó a miles de personas con la intención de abrazar el Congreso como modo de protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana que ultima el Gobierno, dejó ayer resaca, no solo en el aspecto de las calles de Madrid y en forma de heridos y detenidos. También en forma política, ya que los enfrentamientos llevaron al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a defender una vez más que la que podría ser la futura ley garantiza «más y mejor, jurídicamente, el derecho de manifestación», por lo que criticó que desde ciertos colectivos se estén haciendo lecturas erróneas sobre el documento, puesto que no se corresponden «en absoluto» con la realidad.

En declaraciones a los medios durante los actos de inauguración de la conexión internacional de alta velocidad entre Barcelona y Francia, pidió diferenciar entre «manifestantes normales y los que provocan violencia», y recalcó que la nueva legislación sanciona a los segundos como corresponde.

«Garantiza que personas que destrozan mobiliario o queman contenedores sean castigadas como corresponde, porque alteran la seguridad ciudadana», apostilló el popular.

Además, especificó que la ley protege el derecho constitucional de manifestarse de forma «libre y pacífica», sin cuestionar en ningún momento derechos básicos como el de manifestación y libertad de información.

Actos de violencia. Fernández Díaz quiso así hacer referencia directa a los altercados de la noche del pasado sábado, que sembraron el caos en el centro de la capital y en los que fueron detenidos seis hombres y una mujer de entre 18 y 37 años después de que varios grupos de manifestantes hicieran barricadas en la plaza de Jacinto Benavente, donde también hubo lanzamiento de piedras, botellas y petardos. Los incidentes dejaron además 23 heridos leves, la mayoría contusionados, de los que una decena eran agentes de la Policía.

De los siete arrestados, seis de ellos fueron puestos en libertad ayer mismo después de que pasaran la noche en dependencias policiales, mientras que el otro podría pasar a disposición judicial.

Los incidentes durante las marchas para abrazar la Cámara Baja se han convertido en algo demasiado común para ciertos grupos vandálicos, que aprovechan el derecho de manifestación de la ciudadanía para causar enfrentamientos y desórdenes. La primera acción de estas características se celebró el 25 se septiembre del año pasado. En ese momento, la causa era la insatisfacción con la clase política y las duras consecuencias de la crisis económica. También hubo problemas y terminó con 60 heridos y 20 arrestados.