La Fiscalía Provincial de Toledo ha procedido al archivo de las diligencias en torno a la denuncia planteada por el grupo municipal de Izquierda Unida y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo ‘El Ciudadano’ por la muerte de centenares del peces en el río Tajo el pasado 19 de junio, concretamente en el tramo comprendido entre la presa de Safont y el puente de Azarquiel.

Izquierda Unida presentó a los pocos días del suceso un escrito dirigido al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, José Javier Polo, poniendo en su conocimiento «la más que evidente reducción del caudal del río Tajo y la muerte de miles de peces que se acumulan en las orillas del río a su paso por Toledo».

En su escrito, Izquierda Unida de Toledo instaba a la Fiscalía a que investigara los hechos por si fueran constitutivos de un delito de carácter ecológico, algo que finalmente ha sido desestimado.

Así, la Fiscalía, tras cotejar informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), del Seprona y del Equipo Uno del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ha deducido que no existe un delito contra el medio ambiente en este caso, toda vez que deduce que las emisiones o vertidos que se produjeron desde el colector del arroyo Aserradero no «perjudicaron gravemente el equilibrio de los sistemas naturales».

En este caso, al no quedar debidamente acreditado que el vertido de aguas residuales procedentes de la rotura del colector de Aserradero produjera la mortandad de los peces, la Fiscalía señala que «difícilmente» puede entrar a valorar que dicha fuga de aguas fecales pudiera producir «un grave perjuicio en el equilibrio de los sistemas naturales» del río. De esta forma, la Fiscalía apunta que la mortandad de los peces, «circunstancia que se repite casi todos los años en otras zonas de las aguas del río Tajo, no se debió al vertido referido sino a un conjunto de factores: deficiente calidad del agua y escaso caudal del río que unido a las lluvias cercanas provocaron un crecimiento masivo de algas y la consiguiente disminución del nivel de oxígeno del agua».

Con todo, el vertido de aguas residuales por rotura del colector de la tubería del arroyo Aserradero, toda vez que ha quedado demostrado para la Fiscalía que no ha provocado un grave perjuicio al equilibrio de los sistemas naturales, sí que podría ser constitutivo de una infracción administrativa para el titular de la instalación, en este caso el Ayuntamiento de Toledo, tal y como ha quedado reflejado en el informe del Seprona estudiado por la Fiscalía y en el que se indican que existen tres expedientes sancionadores, iniciados en 2011, contra el Consistorio por tal motivo.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal ha decidido archivar las actuaciones en torno a un delito contra el medio ambiente, pero avala las sanciones que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha interpuesto contra el Ayuntamiento de la capital de Castilla-La Mancha.

De esta forma, la Fiscalía Provincial avala las tesis defendidas en todo momento por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, que siempre se desmarcó de que la mortandad de los peces del pasado 19 de junio estuviera relacionada con la rotura del colector del arroyo Aserradero.

La Confederación Hidrográfica del Tajo ya realizó una investigación al respecto, asegurando que la responsabilidad sí era del Consistorio por la rotura del colector. Ahora, gracias al escrito del fiscal, el Ayuntamiento tiene en su mano un elemento más sobre el que apoyar su inocencia. Todo al margen de que se logre una solución para el estropeado colector, en la que ya trabajan desde hace tiempo de cara a que la financiación de las obras no recaiga exclusivamente en las arcas de municipio de Toledo y tanto Diputación, como los pueblos que vierten sus aguas fecales -Bargas y Olías, en este caso-, contribuyan a aportar los 3 millones de euros que costará arreglar la zona.