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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Talavera de la Reina ha dictado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Cazalegas, Amando Blanco (IU), por una presunta prevaricación administrativa por la que la Fiscalía reclama que se le inhabilite para cargo público durante 10 años. El Ministerio Público y los promotores de esta querella, agentes de la Policía Local de este municipio cercano a la Ciudad de la Cerámica, acusan al regidor de paralizar multas de tráfico a «familiares y amigos», según señala la Fiscalía en su escrito de acusación. El procesado asegura que aún no se le ha notificado la resolución pero defiende su inocencia sobre la base de que la querella obedece a una represalia de los policías locales por un conflicto laboral.
En su auto, emitido el pasado lunes día 27, la jueza Ángela Sanz Rubio establece que contra el mismo no cabe apelar «excepto en lo relativo a la situación personal del acusado», lo que permite la presentación de un recurso de reforma.
La querella que llevará a este juicio fue presentada el año pasado por los policías locales, que acusaron al regidor de no cursar a su debido tiempo multas que luego no eran abonadas al pasarse los plazos previstos. Tras haber prestado Blanco declaración en el Juzgado, la Fiscalía avala la acusación. En su escrito, afirma que entre diciembre de 2011 y noviembre de 2012, «de forma deliberada y con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos», el alcalde no firmó «numerosos expedientes sancionadores de denuncias de tráfico». Impidió su tramitación «manteniéndolos en su poder por un periodo de tiempo superior a seis meses, dando lugar a su caducidad». Entiende que Blanco actuó así «por tratarse de expedientes de familiares y amigos».
El alcalde se defiende asegurando que los policías han promovido esta querella en venganza por un conflicto laboral iniciado cuando se modificó su convenio colectivo. Este conflicto llevó al Ayuntamiento a dictar un expediente sancionador a los agentes por una carta de queja que enviaron a la Consejería de Administraciones Públicas, en la que se calificaba de «necios» a los actuales gobernantes municipales.
No va a dimitir.
Blanco tiene claro que, aunque finalmente deba sentarse en un banquillo de acusados, no tiene previsto dimitir por este asunto. «Eso es lo que ellos quieren», afirma manifestando que no piensa dar ese triunfo a los policías locales que le han demandado.
Hay que reseñar que Izquierda Unida dispone de un Código Ético desde 2006, que próximamente será sustituido por un borrador elaborado el año pasado. A esto se suma un Compromiso Ético firmado por sus candidatos municipales de los pasados comicios. Ninguno de los documentos vigentes establece de manera explícita que el alcalde de Cazalegas deba dimitir por un asunto como el que le afecta, aunque haya llegado a la fase de juicio oral.
Sin embargo, el borrador de nuevo Código Ético sí determina que en casos que tengan que ver «con la corrupción política» o «la utilización de recursos públicos en beneficio de intereses privados ilegítimos» y haya habido una imputación judicial ratificada «por una resolución judicial posterior», el cargo afectado deberá presentar su dimisión.