El presidente de la Diputación Provincial, Arturo García-Tizón, se ratificó en sus declaraciones de la semana pasada respecto a que el anterior presidente de la Institución toledana, el socialista José Manuel Tofiño, le animó a desprenderse de la residencia social-asistida (RSA)San José, porque se llevaba gran cantidad de recursos de las arcas provinciales, no así del Hospital Provincial, traspasado ya al servicio de salud regional (Sescam). El motivo que le expuso el también anterior alcalde de Illescas, declaró el líder provincial, es que la titularidad del Hospital permitía «hacer muchos favores».

De esta forma, García-Tizón reavivaba la pasada jornada una polémica suscitada hace unos días y que rápidamente era contestada en rueda de prensa por el presidente del Grupo socialista, Fernando Muñoz, que desmentía «rotundamente» esas supuestas declaraciones del anterior presidente.

El diputado nacional y concejal en el Ayuntamiento capitalino, sin embargo,  aseguraba ayer que tal conversación tuvo lugar, y no en un tono confidencial, sino dentro del marco del traspaso de poderes que se produjo hace cerca de dos años y medio, cuando el PP se hizo con las riendas de la Diputación. 

«No es que se tratara de una confidencia», agregó el presidente, que precisó que no sólo él fue el receptor de esos mensajes de José Manuel Tofiño, que hasta el momento ha preferido mantenerse al margen de estas declaraciones, dejando su ‘defensa’ en manos del Grupo socialista.

En cualquier caso, García-Tizón quiso dejar claro que el cierre del centro de día de la RSA no se hace siguiendo el criterio de Tofiño sino en base a su propia determinación de que cada administración se encargue de las competencias que le son propias, por eso inició el camino de las transferencias con el centro sanitario, que culminó su proceso de cesión hace ya unos meses, no sin ciertos problemas, tras la reclamación de un grupo de funcionarios que querían seguir manteniendo su condición, aunque finalmente la balanza de la Justicia se declinó por las acciones emprendidas por las administraciones implicadas en el proceso.