Cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pero tras recibir las explicaciones de la Diputación respecto al cierre del centro de día de la residencia social-asistida San José, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo ha estimado aceptar las medidas cautelares que solicitaba el PSOE y mantener abierto el centro de día de enfermos de Alzheimer.
Indica el auto que «en la ponderación circunstanciada de los intereses en conflicto, en el presente caso no podemos considerar que el interés público que representa la Administración demandada pueda sufrir perturbación grave si adoptamos la medida cautelar de suspensión» del acuerdo de Pleno por el que se decidía extinguir el servicio. «Por el contrario, puede sostenerse que el interés de los terceros, en este caso los usuarios del servicio y los familiares de los mismos queda mejor protegido si se adopta la medida».
El juzgado estima las medidas, entre otras cuestiones, porque en este caso, «es evidente que la efectividad de la sentencia que en su día se dicte está comprometida, pues si el recurso fuera estimado, la extinción del servicio se habría consumado, al menos durante todo el tiempo de tramitación del recurso, e incluso, podría ser una situación difícilmente reversible, máxime teniendo en cuenta las especiales características del servicio prestado y de los usuarios actuales del mismo».
De esta forma, pese a que la Diputación expone que una reorganización en la prestación del servicio no puede paralizarse en atención a la mayor o menor incomodidad o las molestias que el cambio de centro pueda suponer para los enfermos y las familias -el PSOE apuntaba que podrían sufrir un empeoramiento grave de la enfermedad-, la Justicia no lo avala, al considerar que «no se desprende que queda garantizada esa inexistencia de perjuicios», aparte de que en la resolución que acuerda la extinción del servicio, «no se expresa donde van a ser reubicados cada uno de los usuarios -al menos los dependientes de la Diputación-».
Así, no se atiende al argumento de la Institución liderada por Arturo García-Tizón de que «convertir un cambio en el centro prestador de determinados servicios es una amenaza para la vida constituye cuando menos un exceso que no constituye soporte argumental idóneo para la adopción de una medida cautelar como la suspensión de la ejecución del acto recurrido».
Y se agrega que «estamos ante un servicio que lleva prestando muchos años la Diputación y no se acredita qué perjuicios graves para el interés general pueden derivarse de seguir prestándolo a los actuales usuarios hasta que se resuelva el recurso principal».
No obstante, se precisa que la medida cautelar no implica que la Diputación deba seguir admitiendo en el centro a nuevos usuarios -«a ella corresponde tal decisión»-, sino que debe garantizar la prestación del servicio a los usuarios existentes como venía haciéndolo. A este respecto, se deja claro que lo que solicita el PSOE no es que se mantenga el centro de por vida, sino que, al menos, lo haga mientras cuente con los usuarios actuales -se trata de personas mayores-, aunque, al hilo de esto, los socialistas ya han avanzado que si acceden al Gobierno provincial en las próximas elecciones se volvería a abrir el centro y se pondría a pleno rendimiento.
Desde la Diputación no quisieron hacer valoraciones en relación con el auto. El diputado de Acción Sectorial y Desarrollo Rural, Pedro Casas, de quien depende el área de Sanidad y Bienestar Social, indicó a este diario que aún no se tenía notificación oficial del auto, por lo que no se estimaba conveniente entrar a valorar el mismo.
Diputación entiende que el PSOE no está legitimado para pedir medidas cautelares.
Aunque la Diputación no niega la legitimación del PSOE para impugnar, recuerda que la extinción del servicio ha sido notificada a todos los familiares, sin que éstos, más allá de las alegaciones, hayan presentado denuncia ante los juzgados, cuando son los principalmente perjudicados. Argumenta la Administración provincial que los diputados socialistas no están incluidos en la serie de personas «primariamente afectados», de ahí su oposición a que pidan las medidas cautelares para impedir el cierre. Dice el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo que esta alegación no puede ser estimada, porque «no existe una legitimación diferente según nos encontremos ante el recurso principal o ante la pieza de medidas cautelares». De esta forma, «de seguir la tesis de la Administración, quedaría desnaturalizada la legitimación que el artículo 63.1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, «que atribuye para recurrir los actos y acuerdos de las corporaciones locales a los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos».
«Es una buena noticia para usuarios, familia y trabajadores».
El portavoz del PSOE en la Diputación, Álvaro Gutiérrez, se mostraba la pasada jornada «satisfecho, como no puede ser de otra forma», no en vano, agregaba el responsable socialista, el auto va en la línea de lo defendido por el PSOE en cuanto a su petición de suspender el cierre del centro de día. «Creemos que es una buena noticia tanto para los usuarios como para las familias, sin olvidar a los cuatro trabajadores que iban a ir a la calle el próximo día 31», indicó Gutiérrez, que aseguró que en el PSOE «esperamos que se haga justicia social», aludiendo a la «lucha» protagonizada por las familias durante los últimos meses -como una campaña de recogida de firmas y concentraciones a la puerta del centro-. «Estamos y seguiremos estando al lado de ellos y de sus familiares», subrayó el diputado.
«No hemos ganado la guerra pero sí una batalla».
La portavoz de los usuarios del centro de día, Raquel López, se mostraba contenta por la decisión de la Justicia de, por el momento, parar el cierre. «No hemos ganado la guerra, pero sí una batalla», apuntaba López, para quien, al menos por un tiempo más, los ancianos «van a estar donde tienen que estar, en un centro especializado en Alzheimer», agregando que «está claro que un centro como éste no debe cerrar sólo con la justificación de que la competencia es impropia». No obstante, reconoció que tanto ella como el resto de los familiares son conscientes de que el proceso no termina con el auto del Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, por eso adelantaba que «vamos a seguir luchando», al tiempo que agradecía al PSOE la presentación de la denuncia, pues no todos los familiares cuentan con recursos para haberla presentado ello. «Esperamos que la resolución definitiva sea como ésta», concluyó.