La Consejería de Educación y Cultura ha decidido poner la explotación de cada parque arqueológico en manos de la iniciativa privada, mediante un concurso público al que podrán concurrir las empresas que lo deseen. En un comunicado, la Junta aclaró que la acción acción y funcionamiento de estas empresas estará supervisado por el propio Gobierno.

El nuevo modelo de gestión de los cinco parques arqueológicos estará basado en un nuevo Centro Regional del Patrimonio, que dependerá del Gobierno regional, y que se encargará de centralizar y coordinar las acciones de cada parque. Son el Tolmo de Minateda en Albacete, Alarcos en Ciudad Real, Segóbriga en Cuenca, Recópolis en Guadalajara y Carranque en Toledo. La Consejería defiende que de este modo, la gestión patrimonial de los cinco recintos seguirá bajo la supervisión pública. La Junta aclara que la explotación de los parques se llevará a cabo por parte del sector privado, pero que la gestión patrimonial estará bajo la tutela pública.

Consorcios disueltos.

En consonancia con este nuevo modelo, la Consejería comunicó ayer a los consejos de administración de Carranque (Toledo) y Alarcos (Ciudad Real) la disolución de los consorcios que regían en dichos parques arqueológicos, con el fin de poner en marcha el nuevo modelo de gestión.

La decisión de disolver estos consorcios y el cese de los hasta ahora responsables de los Parques de Carranque y Alarcos (Belén Patón y Antonio de Juan García) está en consonancia con la política puesta en marcha por el Gobierno regional de adelgazar el gasto público y racionalizar los recursos para una mejor gestión de los mismos, además de potenciar la colaboración público-privada.

Según los responsables de la Consejería, los últimos informes de la Sindicatura de Cuentas -en los que se revelaban importantes anomalías en la gestión de algunos parques arqueológicos en la anterior etapa del Gobierno socialista- avalan la necesidad del cambio en el modelo de gestión, que evite el despilfarro del dinero público, el gasto injustificado y la falta de control presupuestario.