Las sociedades concesionarias de la autopista radial R-4 Madrid-Ocaña han sido declaradas en concurso voluntario de acreedores, o sea, en suspensión de pagos, por el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid.

El auto de la jueza indica que las firmas concesionarias de la vía, Inversora de Autopistas del Sur y Autopista Madrid Sur, solicitaron el concurso al encontrarse en situación de «insolvencia inminente».

Estas sociedades pidieron acogerse el proceso concursal el pasado 14 de septiembre al no poder afrontar el pago de la deuda de 575 millones de euros que vencía el pasado 28 de septiembre, según informaron entonces en fuentes próximas a la concesionaria.

Se trata de la cuarta concesionaria de autopistas, de entre las nueve que actualmente afrontan riesgo de insolvencia, que se ha amparado en la Ley Concursal.

La autopista AP-41 Madrid-Toledo también está en concurso, con un pasivo de 523 millones de euros. Mientras, la concesionaria de las radiales R-3 (que llega a las cercanías de Valmojado) y R-5, así como la autopista murciana Cartagena-Vera, han pedido el ‘preconcurso’, proceso por el que se dan cuatro meses para renegociar sus deudas con la banca.

Las cuatro sociedades concesionarias de estas vías, participadas por grandes constructoras y entidades financieras, suman un pasivo de 2.171 millones de euros y realizaron una inversión para la construcción y puesta en marcha de las autopistas de 3.338 millones de euros.

Los sobrecostes que pagaron por las expropiaciones en la construcción de las vías y la caída de tráficos por la crisis son las principales causas de su situación económica y financiera.

En la caso de la autopista R-4, su concesionaria está controlada al 55 por ciento por Cintra (del grupo Ferrovial), mientras que Sacyr cuenta con una participación del 35 por ciento y la antigua Caja Castilla-La Mancha, con el 10 por ciento restante.

Se trata de una autopista de peaje de 98 kilómetros de longitud que se puso en servicio en abril de 2004. En el primer trimestre de este año registró 4.555 usuarios diarios, un 10,6% menos que en el mismo periodo de 2011, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Fomento.

La juez permite a los gestores de la vía conservar sus facultades de administración, si bien quedan sometidos a un administrador concursal, cargo para el que designa al economista Luis Pérez Gil.