El equipo de Gobierno de Tembleque ya tiene el borrador del expediente por «inactividad» a través del cual conminar a la Junta para que destine una partida que sirva para el arreglo de la Plaza Mayor, parte de la cual se encuentra apuntalada después del desplome de una de las casas de los soportales desde hace ya muchos meses. Así lo confirmó a este diario el alcalde, Jesús Fernández, agregando que será en septiembre cuando el documento esté listo, y entonces se presentará en la Junta.
Según explicó, a partir de ese momento se abre un plazo de tres meses para que la Junta responda a las reivindicaciones del Consistorio. En caso de que el Gobierno regional no ceda y mantenga que es la Administración local la que tiene que encargarse de la rehabilitación, valorada en cerca de 400.000 euros, el equipo de Fernández acudirá a la Justicia, argumentando que al tratarse de un Bien de Interés Cultural denominado así por la Junta, es ésta quien tiene la competencia en su mantenimiento, sin que ello suponga un obstáculo para solicitar a los dueños del edificio desplomado su parte de responsabilidad.
Fernández recordó que antes de plantear esta medida que podría volver a enfrentar en los tribunales al Ayuntamiento con el Gobierno regional del PP -el primero fue por el decreto del cierre de las urgencias del centro de salud de esta localidad manchega-, ha tratado por todos los medios de encontrarse con responsables de la Diputación y de la Consejería de Cultura en busca de algún tipo de acuerdo que permita la rehabilitación de la Plaza Mayor, resultando, aseguró, infructuosos todos los intentos de encuentro.
«No me han hecho ni caso. No quieren ni reunirse», lamentaba el regidor socialista, que ve motivos políticos en la negativa de las instituciones provincial y regional a ayudar al municipio en la puesta en valor de esta plaza, una de las más emblemáticas de toda la provincia.
«Espero que todo pueda solucionarse antes de llegar a la Justicia, algo que queremos evitar, porque a nosotros esto también nos cuesta dinero», manifestó Fernández, que, añadía, no obstante, que si no hay otra opción, no dudará en recurrir a los tribunales alentado por otras sentencias que ya se han dictado en este sentido y que, según sus palabras, obligaría a la Junta a destinar esa partida, por lo que estima que en ese plazo de tres meses desde que se notifique el expediente, la Administración responderá positivamente. «He leído varias sentencias en relación con BIC de la comunidad de Castilla y León y en las mismas se obliga al arreglo a la Junta, incluso en inmuebles privados», subrayó.