Las manifestaciones, concentraciones y encierros están a la orden del día, más de lo que a muchos les gustaría. Sin embargo, cientos de personas ven en las protestas la única vía de escape o la posible solución a sus problemas. Por eso, ayer una quincena de trabajadores de la empresa Paradores de España se encerró ayer en el Parador de Toledo para exigir a la compañía la negociación de un convenio colectivo que afecta a más de 4.300 empleados del país y que está en proceso de estudio desde hace dos años. Su intención era la de permanecer en el interior del edificio «hasta que se encuentre una solución», algo que se produjo parcialemente a última hora de la tarde. Y es que el director general de Paradores, Juan José Zaballa, acudió en persona desde Madrid para convencer a los trabajadores que abandonaran su encierro, isntándoles a retomar las negociaciones el 3 de septiembre, día que ya estaba previsto que se reunieran.

 Además, la Policía Nacional  «invitó» a los trabajadores encerrados a abandonar las instalaciones, advirtiéndoles de las posibles consecuencias, tras lo que todos los empleados dieron por concluido su encierro.

El responsable de la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y miembro del Comité Intercentros de Paradores, Jorge Carneiro, detalló antes de que se produjera el fin del encierro que el inicio de la negociación del convenio empezó en 2010 y que afecta a 92 de los 94 centros de España, a excepción del de  Santiago de Compostela y León, que tienen su propio acuerdo.

- Foto: Yolanda Redondo Carneiro explicó que la situación actual «es muy complicada»  ya que la nueva dirección de la entidad tiene planteamientos «muy regresivos».

Añadió que la cifra de trabajadores que se podrían ver afectados por la falta de acuerdo asciende a 72 en el Parador de la ciudad de Toledo, que se suman a los 43 del centro de Oropesa.

El sindicalista dijo que tras varias reuniones con los altos cargos, al comprobar «su falta de seriedad», decidieron convocar una huelga para el 25 de agosto. Una cita que se desconvocó tras la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima). Ambas partes consiguieron un preacuerdo ya que la empresa garantizó que no ejecutaría despidos y que la negociación continuaría con normalidad. Sin embargo, la siguiente reunión fue el 16 de agosto y solo sirvió para que la entidad volviera a citar a los empleados el 3 de septiembre, tras las vacaciones.

«Es muy poco serio y por eso hemos decidido plantarnos, protestar y continuar con las movilizaciones antes de esa fecha», explicó Carneiro.

Y es que, añadió que los sindicatos están dispuestos a renunciar a determinadas cuestiones del convenio, relacionadas con temas económicos y de flexibilidad de horarios, pero de forma temporal con el objetivo de superar la situación económica actual de crisis económica.

Por tanto, apuntó que la plantilla accedería a que no exista incremento salarial en el nuevo convenio, aunque pactarían renegociarlo  una vez pase la crisis.

En cualquier caso, especificó que pondrán «límites», ya que la empresa ha llegado a plantear medidas como jornadas laborales de 12 horas o 14 días de trabajo seguidos, extremos que «en ningún caso» van a aceptar.