Ayuntamiento de Toledo y Junta de Comunidades manifiestan abiertamente en público sus diferencias, pero en privado hablan y negocian para que finalmente Casbega, la embotelladora de los refrescos de ‘The Coca Cola Company’ para la zona centro de España, instale en Toledo una planta de zumos y aguas funcionales, así como un centro logístico, y no se pierda una inversión de 100 millones de euros, que generaría al menos 250 empleos directos y otros tantos indirectos.
Para intentar frenar la escalada de declaraciones en los medios de comunicación, que tanto soliviantan a Casbega y que no favorecen el desarrollo de este importante proyecto industrial, la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, y el alcalde, Emiliano García-Page, mantuvieron un encuentro la pasada semana, reunión en la que estuvo sobre la mesa la propuesta del Ayuntamiento de Toledo para lograr abaratar los costes de urbanización del nuevo suelo industrial de la ciudad, integrado en el PP-11 del Plan de Ordenación Municipal.
La idea de los técnicos municipales, que ya está muy avanzada, y que esta misma semana presentará el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, al viceconsejero de Fomento, Luis Ques, es urbanizar lo mínimo indispensable para que Castellana de Bebidas Gaseosa (Casbega) puede ejecutar la planta. El ahorro para la Empresa Regional del Suelo (ERES), empresa pública de la Junta que ahora será integrada en Gicaman, es más que considerable si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento cree que la operación no superaría los 7 millones de euros, cuando en la actualidad el concurso para adjudicar la urbanización de los terrenos fue licitado por 28 millones de euros. Un concurso que lleva pendiente de adjudicar algo más de un año y que Fomento considera ahora inviable por su alto coste.
El documento, elaborado por el arquitecto municipal, no sólo pasa por realizar por fases la ampliación del polígono industrial, sino que propone una nueva reparcelación de los terrenos. Una reparcelación en la que desaparecerán las calles de 44 metros de ancho previstas en el proyecto inicial y que no tienen sentido para un desarrollo industrial. Decisiones como ésta o la reducción de los puntos de iluminación pública hace que unos costes de siete millones sean asumibles, sobre todo si se tiene en cuenta que el precio que Casbega pagará por su parcela asciende a 11,9 millones de euros, sin contar el IVA, cantidad de la que ya ha desembolsado un 30%, es decir, unos 3,5 millones de euros.
Además, los terrenos elegidos para esta versión económica del desarrollo del PP-11 tampoco generarían polémica política, ya que se ha excluido expresamente el suelo por el que el portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, ha pedido reiteradamente al alcalde que diga qué «intereses ocultos» tiene en el desarrollo del PP-11.
No obstante, la propuesta municipal es todavía únicamente una propuesta, puesto que el único compromiso que arrebató Page a De la Calzada es que la Junta estudiaría la documentación antes de tomar una decisión, decisión de la que está pendiente Casbega, que ha comunicado a ambas administraciones que los enfrentamientos entre ambas no contribuyen a que el proyecto finalmente recaiga en Toledo.