Como niños. Así se lo pasaron ayer todos los que acudieron a la convocatoria de la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘El Ciudadano’ en protesta por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como reforma local, que plantea el Gobierno. La entrada del Ayuntamiento quedó rápidamente colapsada pasadas las 19 horas gracias a la presencia de numerosos vecinos, políticos, sindicalistas y distintos colectivos, entre ellos, las plataformas de Afectados por la Hipoteca y por la Defensa de la Sanidad Pública y la Cumbre Social, dispuestos a dar guerra  en contra de una normativa «que atenta contra el municipalismo».

A pesar de la puntualidad, costó algunos minutos que los asistentes se cogieran de las manos para formar una gran cadena humana que rodeara el Ayuntamiento. No faltaron bromas y risas, tampoco un maestro de ceremonias, Tomás Ruiz, vicepresidente de ‘El Ciudadano’ para tomar las riendas de la convocatoria y animarla de paso. «¡Hay ayuntamiento para todos!», se desgañitaba subiendo y bajando las escaleras que dan a la plaza.

El equipo de Gobierno municipal, prácticamente al completo, se sumó a la protesta y los concejales de IUtambién demostraron su apoyo. Más de uno se preguntó si aparecería el alcalde de la ciudad, Emiliano García-Page. Dicho y hecho porque se sumó a la concentración poco antes de la lectura del manifiesto.

«Los ayuntamientos han sido desde su democratización en 1979, la administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las carestías de los más necesitados», apuntó Eva Perea, la tesorera de ‘El Ciudadano’ leyendo el documento. «Pero cuando peor lo está pasando la sociedad, bajo unos supuestos criterios económicos, pese a que la deuda de los ayuntamientos apenas alcanza el 4%, se pretende suprimir la autonomía local, dejando vacío de contenido la labor municipal».

La protesta, avalada también por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), tiene como objetivo intentar abrir los ojos al Partido Popular para que conduzca la racionalización de la administración pública por otro lado. «No nos negamos, pero hay que hacerla en sentido contrario porque los ayuntamientos necesitan más recursos y más competencias financiadas», puso de manifiesto ‘El Ciudadano’.

la reforma. El colectivo insistió que las administraciones municipales no pueden quedar relegadas «a un apéndice de los gobiernos central y autonómico, porque conduce a la marginación política y a la degradación». Y un breve análisis del texto de la reforma obliga a los vecinos a ponerse en contra por «la reducción de competencias municipales, que debilitará la autonomía municipal;la relegación a los ayuntamientos a meros gestores administrativos sin capacidad de decisión política;el fomento de la fusión de municipios sin criterios de identidad y sin tener en cuenta la voluntad del vecindario y la transferencia de servicios básicos a las comunidades autónomas».

A la pérdida de servicios que  parece avecinarse para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se suma también la merma de la participación vecinal cuando las administraciones locales son «el primer espacio» para los ciudadanos, apuntó Perea, y, sobre todo, una administración que ha garantizado «el estado de bienestar».

Por tanto, los asistentes ayer, no importa si eran vecinos, políticos o sindicalistas, pidieron la retirada del proyecto de la reforma local y la búsqueda de esa racionalización a través «del diálogo y del consenso».