Los agricultores de la comunidad de regantes La Sagra-Torrijos están pidiendo a las administraciones un plan de viabilidad que les permita asumir los costes de regar sus tierras, pues son desorbitados para la inmensa mayoría de los en torno a 1.000 afectados, ya que el proyecto de transformación de secano se gestó a comienzos de los años 80, pero no ha sido hasta 2010 cuando se ha iniciado el riego, girando la CHT unas cuotas que no se pueden abonar, especialmente por parte de los jubilados, que son casi todos dada la demora de la puesta en marcha del sistema, sin contar con que parte de los que en su día mostraron interés por la iniciativa, declarada de interés nacional, ya han fallecido.
Los hechos se remontan a hace tres décadas, cuando se propone la transformación de secano a regadío para unas 30.000 hectáreas de la zona -la mayoría de pequeñas explotaciones-, y se proyecta la correspondiente infraestructura, que el Gobierno de turno declara de interés nacional. Con no pocos problemas de parones, las obras se inician y el tramo que actualmente está disponible para funcionar queda concluido en torno al año 2000, aunque no se llega a completar la construcción prevista, que pretendía llegar a esas 30.000 hectáreas, pero finalmente sólo puede abastecer a menos de 4.000, correspondientes a los términos municipales de Magán, Mocejón, Cabañas de la Sagra, Olías, Bargas y Villaluenga y a unos 1.000 propietarios.
Cuando el proyecto estaba en pleno rodaje, a finales de los 80, las Cortes de Castilla-La Mancha debatieron acerca del asunto y entonces el PP, en la oposición, pedía un plan de viabilidad porque las cuotas le parecían un tanto caras. Suponían, entre los gastos eléctricos, de conservación, etc., unas 45.000 pesetas de la época por hectárea y año. Ahora, la CHT pretende que se abone un canon de 360 euros para la amortización de la red primaria (la tubería general), a los que habría que sumar el canon de la Junta -que aún no se ha comenzado a pasar- por el mismo concepto, pero en la red secundaria -los ramales que salen de esa vía principal-, unos 600 euros en concepto de gasto eléctrico -para llevar el agua a la parcela a regar- y otra serie de gastos que supondrían un dos por ciento del total. Es decir, en suma se habla de unos 1.200 euros por hectárea y año, una cifra del todo inviable dados los rendimientos actuales de la agricultura.
Uno de los principales problemas que han derivado en esta situación que actualmente está en proceso judicial -en torno a la mitad de los afectados están representados por el bufete de abogados De Lucas y Benítez- es que una pequeña parte de los regantes, en torno a un cinco por ciento, sin notificar al resto sus intenciones, dicen De Lucas y Benítez, constituyen la comunidad de regantes -necesaria para iniciar el regadío- en 2009 y piden la correspondiente concesión para comenzar el riego, lo que inicia el proceso del giro de cuotas desde la CHT, que empiezan a pasarse a comienzos del 2011, cuotas que son las correspondientes al ejercicio previo.
Esta comunidad se impugna -se encuentra actualmente dentro de un pleito- y asume las riendas una nueva dirección, que es la que está buscando por todos los medios poner fin a una situación que consideran, cuando menos, injusta. Sin embargo, esa solicitud de concesión es la que marcó el inicio de un proceso que sigue su curso, aunque las cuotas se recurrieron y se paralizaron.
De esta forma, en enero de 2011 se pasaron las liquidaciones de 2010, que se recurrieron y quedaron en suspenso, levantándose esta suspensión apenas tres meses después. En este punto, para evitar embargos, los abogados que llevan el caso de la mitad de los regantes aconsejan pagar, algo que se hace efectivo. En noviembre de 2011 se vuelven a girar las cuotas y se recurre de nuevo, no abonándose los cánones hasta la actualidad.
Sin embargo, y dado que las presidencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo dependen de los gobiernos, la comunidad no descarta que, como ocurrió en abril de 2011, en cualquier momento se les vuelvan a pasar las cuotas.
Llegado el caso, los agricultores estarían dispuestos a seguir con el proyecto -al menos en torno a un 70 por ciento del total-, siempre y cuando se realice un plan de viabilidad que, por un lado, permita ajustar las cuotas a la realidad -se podría llegar a pagar por hectárea hasta cinco o seis veces más que lo que abonan otras comunidades- o que éstas se puedan pagar en un plazo de tiempo superior, lo que reduciría notablemente las cantidades. Y es que, al declararse el proyecto de interés nacional, algo que, dicen, a los poderes públicos no les interesa revertir, los agricultores quedan vinculados a la iniciativa quieran o no, sin posibilidad de echarse atrás pese al paso de los años.