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Ángel Escribano, Vanesa Maestre y Pablo Gómez, tres de los trabajadores afectados por la situación de Cocemfe Castilla-La Mancha, se acercaron ayer hasta el Grupo Municipal de IUpara hacer pública su situación y solicitar toda la ayuda posible. El problema principal explicó Escribano, es que la asoaciación regional les adeuda a la mayoría mucho dinero y por lo que ven «no hay posibilidad de pagarnos». Además, según denuncian, durante los últimos meses se ha producido una discriminación en el pago de nóminas. «Y ya estamos hartos, porque nosotros hemos dado todo lo que hemos podido, yendo a trabajar como si no pasara nada, y sin hacer huelgas», explicó Escribano.
A su juicio, «han intentado mantener la asociación abierta cueste lo que cueste, y van a dejar muchos cadáveres y muchas deudas». Se lamenta de que haya tardado tanto en reaccionar. En su caso personal, le deben 21.000 euros, incluida la indemnización de despido, pero hay otros compañeros a los que la asociación adeuda hasta diez meses y 24.000 euros. Mientras tanto, otros han cobrado hasta junio. Según sus datos, la deuda de Cocemfe en nóminas asciende a los 780.000 euros, para un total 1,8 millones. El problema es que los trabajadores han tenido que seguir aguantando sin cobrar, atendiendo a sus usuarios, «porque los chicos eran lo más importante». Su alternativa era despedirse y quedarse sin paro, por lo que Gómez entiende que «ha sido un secuestro laboral, porque si sigues trabajando no vas a cobrar, pero si te vas tú, tampoco».
Desde la Junta de Comunidades, la respuesta ha sido que ya ha pagado toda su deuda con esta asociación por medio del tercer plan de pago a los proveedores. Los trabajadores desconocen si ha sido así, dado que Cocemfe no les ha facilitado esta información. En cualquier caso, confían en la afirmación de la Junta. El caso es que cuando ha llegado esta ayuda, ya estaba embargada. Se han dado varias denuncias laborales, pero los juicios han ido a distinta velocidad. Mientras que en Toledo se han retrasado, en otras provincias los juicios han ido más rápidos, y ya han cobrado hasta las costas. Ahí se ha ido las subvenciones y otras aportaciones, como las de los niños de las viviendas.
«Lo grave», afirma Escribano, «es que esa situación era previsible». El problema, lamenta, es que Cocemfe ha decidido seguir adelante con su trabajo a pesar de que no sabía si le iban a reducir las subvenciones, y que era consciente de que iba a tener que despedir y subvencionar a muchos de sus trabajadores fijos. Ha intentado justificar su situación por los recortes de la Junta, pero sus empleados ven que también ha habido un problema de mala gestión, porque desde el principio de la crisis, la asociación ha continuado al mismo nivel de contrataciones. «Tenían un problema bastante gordo, decidieron tirar adelante y ahí nos han hecho daño, y hay gente con tratamiento psicológico», explican.
Hay que tener en cuenta, advierte Escribano, que en el primer ERE de la asociación la propia inspección de trabajo dudó de la temporalidad del mismo. Y llegó a recomendar a los trabajadores que exigieran que les despidieran.
Apoyo. El concejal de IU en el Ayuntamiento de Toledo Aurelio San Emeterio mostró ayer su apoyo a los trabajadores de Cocemfe, y su sorpresa ante la situación que escuchó. «La solidaridad empieza en casa», afirmó. Si una «solución justa» parece ahora complicada, pide «que al menos haya un trato igualitario con todos los trabaderos en lo bueno y en lo malo».
El edil se lamentó que desde la puesta en marcha la reforma laboral del Gobierno se dan situaciones como esta, en la que «los trabajadores piden simplemente que se les despida, lo cual me parece una cosa dramática, pero esta es la situación laboral que hay en este país ahora mismo». Su idea es trasladar a sus compañeros de la regional de IUel problema para que estudien medidas a llevar a cabo. También insta a los sindicatos a que tengan en cuenta esta cuestión laboral. Para San Emeterio, hay que pedir «una respuesta clara» a los responsables de Cocemfe. En las ONG, recordó, los trabajadores suelen ser personas con un compromiso más allá de lo laboral, «pero eso no significa que haya impunidad, o que en el sector social valga todo». A su juicio, ahora llegan las consecuencias de la falta de regulación laboral del sector.