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Han pasado doce años desde el cierre de Ibertubo en Toledo, y los restos de amianto continúan enterrados en el Polígono, a escasos trescientos metros de algunas viviendas y en el cauce de un arroyo, que los arrastra aguas abajo. Diversos colectivos ecologistas y vecinos del propio barrio han estado pidiendo soluciones a las administraciones durante los últimos años, pero estas no han llegado.
Como consecuencia, durante la jornada de ayer, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la Asociación de Vecinos El Tajo, la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo, Ecologistas en Acción de Toledo e Izquierda Unida-Los Verdes presentaron una denuncia ante el fiscal jefe de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado en Madrid. El documento se compone de cinco folios, en los que vienen recogidas seis fotografías y ocho puntos donde las cuatro entidades explican a la Fiscalía la situación del amianto en el Polígono; su origen y su situación geográfica, adyacente a las viviendas. Entienden que si el Ministerio Fiscal lo admite a trámite, será el momento de aportar documentación más específica.
Situación peligrosa. Explica el portavoz vecinal, Víctor Villén, que la situación que hay en el Polígono en torno al amianto no puede ser sostenible por más tiempo. Según se recoge en el denuncia, existe una gran acumulación de residuos de amianto al aire libre, en una finca privada muy cerca de las viviendas del barrio del Polígono y en el cauce del arroyo Ramabujas que desemboca en el Tajo. Los firmantes del escrito han decidido dar este paso porque entienden que las distintas administraciones han hecho dejadez de su responsabilidad, al hacer oídos sordos a las reiteradas denuncias formuladas por distintos colectivos ciudadanos en los últimos años. Advierte Villén que en 2004 se desmanteló la fábrica, pero estos restos debían de estar acumulados al aire libre desde bastante antes. Por esa razón, «alguna administración ya tendría que haber tomado cartas en el asunto». Más aún con el POM vigente, que llega precisamente al límite del arroyo.
Explican estos cuatro colectivos que los restos de fibrocemento, que dejó de fabricarse en la década de los 90 por su peligrosidad al contener elementos cancerígenos como es el amianto, «fueron depositados ilegalmente por la fábrica Ibertubo en fincas privadas y en zona de dominio público del arroyo Ramabujas». En el desmantelamiento de la mencionada factoría se tomaron grandes medidas de seguridad durante su manipulación y posterior enterramiento, evidenciando su peligrosidad para el medio ambiente y sobre todo, para las personas. Los firmantes han solicitado a la Fiscalía que investigue y en su caso, exija las responsabilidades que correspondan para subsanar esta situación.
«Lo que nos gustaría es que la propia administración medioambiental nos dijera que no hay de qué preocuparnos, pero nos tememos que no va a ser así, ni mucho menos», afirma Villén. Porque viendo las medidas que se tomaron en su día para recuperar los restos de amianto localizados en la antigua fábrica, «nos tememos que hay un riesgo más que importante, y estando a trescientos metros de las viviendas de vía Tarpeya, pensamos que es el momento de actuar».
A partir de ahí, estas cuatro entidades informan a la Fiscalía para que evalúe la situación y tome decisiones. A su juicio, los responsables de los restos pueden ser el propietario de la finca privada y la Confederación Hidrográfica en el arroyo. Pero alguna administración debería tomar cartas en el asunto y eliminar los restos o darles un tratamiento sobre el terreno.