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Unos 400 regantes de la Comunidad de La Sagra-Torrijos, según cifras dadas por los convocantes, se han manifestado para reclamar a las administraciones una solución a sus ruinosos costes de explotación. La marcha, que se ha desarrollado entre la Consejería de Agricultura y la Delegación de Gobierno en Toledo, se ha planteado como una demostración de fuerza para que las Administraciones acepten rebajar los costes que soportan por esta infraestructura, después de que la Justicia haya obligado a devolver las liquidaciones que pagaron en 2010. Esperan que no les hagan esperar a que las liquidaciones de otros años también tengan que devolverse por vía judicial.
Los agricultores expresaron su queja con numerosas consignas dirigidas, en muchas ocasiones, contra la presidenta de la Junta, María Dolores Cospedal.
El presidente de esta Comunidad de Regantes presente en municipios de La Baja Sagra como Bargas, Olías del Rey o Magán señalaba que la protesta se ha dirigido sobre todo contra la Junta, toda vez que sus responsables de Agricultura no les ha recibido. Esto contrasta, comenta Jaime Cid, con la disposición a hablar que por lo menos han encontrado en otras instancias como el Ministerio de Agricultura. «La señora consejera- María Luisa Soriano- tiene tres escritos de esta comunidad de regantes» pidiendo un encuentro, asegura Cid para criticar que «no nos han recibido, no nos quieren escuchar».
Una infraestructura inútil.
Según cuentan los regantes, en el caso de La Sagra-Torrijos no se cumple lo esperable en una infraestructura de regadío, que se pueda multiplicar por cuatro los beneficios en comparación con una explotación de secano. Lo único que tienen multiplicado son los costes que pagan a las administraciones, tres veces más que en otras comunidades de regadío. Todo ello, explica Cid, a pesar de que el sistema La Sagra-Torrijos nunca cumplió con lo previsto. Así, si se esperaba que este sistema llegara a alcanzar unas 28.000 hectáreas, llegando a la comarca torrijeña, lo cierto es que se ha quedado en unas 3.800 hectáreas.
Y esta extensión de terreno sólo cuenta con unas infraestructuras incompletas y obsoletas, con ausencia de equipamientos de regulación. La Junta de la Comunidad denuncia, entre otras cosas, que no se han ejecutado inversiones que, en principio, estaban subvencionadas por la Unión Europea, como se anuncia en carteles públicos.
Con una estimación de costes de unos 1.200 euros por hectárea y año, la Junta de regantes ya avisa que los bajos precios de sus productos termina por convertir su regadío en una pesadillo. «No podemos rentabilizar el maíz si nos pagan 28 pesetas el kilo», recuerda Cid, que también critica la limitación del cupo de tomates que sufren. Descartan usar la tierra de regadío para cereal porque sale más rentable usar el secana, sin los costes de riego.
«Teníamos buenos secanos y los hemos convertido en malos regadíos», lamenta Cid, que pide a los poderes públicos comprensión para evitar la quiebra de los regantes y sus familias.