«Unas gotas de agua en el desierto». Así define el presidente de la Asociación de Custodia Compartida de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Santos, el anteproyecto de esta nueva ley que aprobó el Consejo de Ministros a finales de julio. Asegura que los colectivos que llevan años luchando para conseguir que los divorcios no quiebren el ámbito familiar de los niños y puedan seguir compartiendo su vida con su madre y su padre tenían puestas muchas esperanzas en la normativa, pero se han dado cuenta de que «Gallardón no ha sido valiente» y que la mayor parte anteproyecto se queda «en humo».

En principio, Santos explica que lo más llamativo de este borrador es la eliminación de la «excepcionalidad» que regula actualmente la custodia compartida, es decir, los jueces sólo la decretan para el padre y la madre con la conformidad de ambos, pero una vez que entre en vigor la ley el juez podrá decidir en cada caso y «siempre en beneficio del menor»,  según recoge el anteproyecto.

Sin embargo, Santos considera que se trata de una medida trampa en cierto sentido porque no garantiza la custodia compartida «al dejar la decisión en manos de un juez que no conoce a la familia de nada». En este sentido, subraya que «el Estado no tiene por qué intervenir así en las familias y cree que tampoco es lógico poner la vida familiar en un juzgado».

El disgusto para el colectivo es notable porque lleva muchos años «luchando para que los derechos de los niños de nuestro país sean reconocidos y puedan compartir la vida con sus padres», pero ese artículo 92 «deja la custodia compartida a la arbitrariedad de los jueces». En este caso, Santos entiende que «el ministro de Justicia ha hecho dejación de sus funciones porque su obligación es la de legislar» y recuerda que el Tribunal Supremo ha ido más allá en este régimen con una sentencia del mes del mayo en la que deja claro que la custodia compartida «se debe otorgar en interés del menor».

Por tanto, tanto esta asociación como el resto de colectivos que comparten estos intereses echan mano del Supremo cuando pueden para dejar claro que se ha sentado jurisprudencia en este tema y el anteproyecto de ley no puede entrar en vigor sin tener en cuenta esta doctrina jurídica.

Santos se sabe de memoria parte de la sentencia:«El mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres». Por tanto, no entiende por qué se ha elaborado un anteproyecto que «resulta un batiburrillo y que «es tan malo desde el punto de vista  técnico»

otros puntos clave. La futura ley contempla que el juez podrá pedir un informe al fiscal y estudiar las alegaciones de las partes, los deseos del menor y todos los análisis técnicos a su alcance. En este caso, Santos destaca que «la filosofía que se esconde detrás del texto es la de intervenir en las familias, algo que limita sus derechos». En su opinión, la custodia compartida debería ser «un derecho de los menores» y considera que la Justicia no tendría que consentir que pueda discriminarse a uno de los cónyuges cuando se produce un divorcio.

«Si yo me separo de mi mujer, por ejemplo, la pierdo a ella, pero no tengo por qué renunciar a mis hijos o conformarme con verlos días determinados», explica convencido de que algún día las cosas cambiarán porque hasta ahora parece que «la ley y los tribunales son los que han creado los problemas y no los divorcios en sí».

Por otra parte, el presidente del colectivo regional considera que el anteproyecto «también termina confundiendo la patria potestad con la custodia compartida». Además, apunta que la mediación familiar a la que se alude como mecanismo para acercar las posturas de los progenitores tampoco servirá para mucho «porque cada comunidad autónoma tiene su ley de mediación». Además, Santos opina que si uno de los progenitores  tiene todo de su parte tampoco tiene obligación de mediar porque se trata de un sistema voluntario.

Por tanto, al colectivo lo que más le preocupa es que «los abogados se aprovechen de la situación y presenten en los tribunales «planes para que los menores no se queden con uno de los progenitores».

El anteproyecto también contempla que no se otorgará la guardia y custodia al progenitor sobre el que haya indicios o pese una sentencia firme sobre delitos relacionados con la violencia doméstica. Y aunque a primera vista se trata de una buena iniciativa, a Santos le preocupa por si desata un aumento de denuncias falsas para la obtención de la custodia.

De momento, este colectivo está estudiando a fondo el texto para presentar sus enmiendas y espera que la Comisión de Justicia les autorice a estar presentes en los debates que se lleven a cabo dentro de los trámites por los que avance el anteproyecto antes de su aprobación definitiva.