La corta estancia de los europarlamentarios en España ha sido muy bien aprovechada. Además de las visitas sobre el terreno al Ebro y al Tajo, el Comité de Peticiones ha pasado también por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El Gobierno informó ayer en nota de prensa de la reunión de trabajo que se mantuvo el pasado martes, con la inteción de que la delegación europea conociera el trabajo realizado en la última legislatura, en la que, como ha recordado el MAGRAMA, se han aprobado dos ciclos enteros de planificación hidrológica.
Los eurodiputados fueron recibidos por representantes de la Dirección General del Agua y de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Tajo, encabezados por la directora general del Agua, Liana Ardiles, y por los presidentes de las Confederaciones del Tajo y del Ebro, Miguel Antolín y Raimundo Lafuente, respectivamente, junto a varios técnicos.
En este encuentro, los técnicos del Ministerio y de la CHT informaron a los eurodiputados sobre el Plan Hidrológico del Tajo. En concreto, les trasladaron que este documento establece caudales ecológicos en varias secciones de los ríos de la cuenca del Tajo y, en particular, a lo largo del eje del río, que completó el régimen ya fijado en Aranjuez de 6 m3/s, recogiendo un caudal mínimo en Toledo y añadiendo un caudal mínimo en Talavera de 10 m3/s, que se suman a los caudales ecológicos fijados en otras 16 secciones de los ríos de la cuenca del Tajo.
En relación con el trasvase Tajo-Segura, desde el Ministerio informaron a los eurodiputados que, en esta legislatura, se ha aprobado una nueva regulación con medidas como la elevación de la reserva no trasvasable almacenada en los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía), desde los 240 a los 400 hm3.
Según el Ministerio, al término del encuentro, el presidente de la delegación de europarlamentarios, Pál Csáky, «reconoció la complejidad de la planificación hidrológica en nuestro país, el trabajo realizado por el Gobierno de España en materia de planificación y agradeció a los técnicos del Ministerio toda la información que se les suministró en el encuentro».
El proceso. Por su parte, la directora general del Agua hizo hincapié en el consenso que se ha alcanzado durante el trabajo de los últimos años y la incorporación de alegaciones a los planes hidrológicos. Se transmitió a los europarlamentarios que los Planes finalmente aprobados han contado con el apoyo mayoritario de las administraciones, organizaciones y entidades vinculadas al agua en cada cuenca hidrográfica, y además obtuvieron más del 80% de votos a favor del Consejo Nacional del Agua.
El Ministerio asegura que los Planes actualmente en vigor «han incorporado gran parte de las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea para mejorar los planes del primer ciclo». En este sentido, consideran que los planes aprobados en enero mejoran a los del primer ciclo, porque permitirían impulsar una política del agua «destinada a alcanzar un equilibrio entre la consecución de los objetivos ambientales y los de atención a las demandas, al contar entre sus contenidos con novedades tan importantes como el incremento de los caudales ecológicos».
Con medidas relativas a la depuración o el saneamiento, los nuevos Planes Hidrológicos permitirían mejorar las condiciones de conservación de las masas de agua, contribuyendo a la protección de los ecosistemas y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Como novedades de los nuevos Planes el MAGRAMA enumera además la actualización del inventario de zonas protegidas; el refuerzo de los programas de seguimiento de las masas de agua; la incorporación de un estudio sobre la recuperación del coste de los servicios del agua más amplio; y la reorganización de los programas de medidas de los planes hidrológicos, que contemplan unas inversiones hasta 2021 de más de 17.500 millones de euros para la ejecución de las actuaciones previstas en los programas de medidas de cada Plan Hidrológico.
El 65% de esta inversión, aproximadamente, corresponde a medidas destinadas a cumplir los objetivos ambientales y objetivos de protección frente a inundaciones establecidos en la normativa europea, mientras que el 35% restante se englobaría dentro de las medidas previstas para la satisfacción de las demandas y otros usos sectoriales relacionados con el agua.