Las llanuras cerealísticas, las dehesas, las sierras, los pinares... Los paisajes de Castilla-La Mancha tendrán una protección propia por ley. Al menos es lo que pretende hacer la Consejería de Fomento que dirige Elena de la Cruz. En la memoria por secciones que se publica junto con los Presupuestos, la Consejería se marca como objetivo elaborar una Ley del Paisaje, ya que ve necesario una normativa propia «para regular la protección de los paisajes de Castilla-La Mancha» de modo que dicha protección «se armonice con el desarrollo económico y social». Incluso la elaboración de esta ley está presupuestada (se calculan unos gastos de 23.580 euros).
Castilla-La Mancha no sería la primera comunidad autónoma en tener su propia Ley del Paisaje. Hay otras que ya se han adelantado, como Cataluña, que cuenta con una normativa específica desde 2005. En ella, por ejemplo, se obliga a la elaboración de «catálogos de paisajes», donde se define la tipología de los paisajes de Cataluña, identifican sus valores y su estado de conservación, proponen los objetivos de calidad que deben cumplir y una serie de medidas para alcanzarlos. Esos objetivos se implementan a través de las «directrices del paisaje». A través de esta ley el Gobierno catalán puede crear un fondo para financiar la protección, gestión y ordenación del paisaje con el fin de destinarlo a las actuaciones de mejoramiento paisajístico, un fondo que se nutre tanto de presupuestos públicos como de aportaciones de otras entidades y empresas.
Galicia también siguió el ejemplo y aprobó una Ley del Paisaje en 2008, que repite el formato de catálogos y directrices, pero no incluye el fondo de financiación. Cantabria es una de las últimas regiones que han elaborado su propia Ley del Paisaje. En este caso está en vigor desde hace un año y, por ejemplo, nace con un listado de doce ámbitos paisajísticos donde se incluye Liébana, Campoo o los valles del Pas y del Pisueña.
La futura Ley del Paisaje de Castilla-La Mancha no es la única normativa en la que tendrá que trabajar Fomento. Para este año también está previsto que saque una nueva Ley de Vivienda y en el documento de los Presupuestos también se marcan como objetivo la adaptación de la normativa autonómica a la Ley General de Comunicación Audiovisual. En 2016 Fomento también quiere reconfigurar el sistema de transporte público de viajeros por carretera para cumplir lo que marca el reglamento europeo con el fin de «prestar unos servicios acordes a las necesidades y demandas reales».
Además de leyes, normativas y reglamentos, la memoria de la sección de Fomento y sus objetivos marcan algunos proyectos muy concretos. La Consejería, por ejemplo, quiere mejorar las marquesinas de los autobuses de la región y para su instalación ha presupuestado 378.000 euros. «No debemos olvidar que las marquesinas representan una inversión que mejora las condiciones de prestación de los servicios de transporte», especifica el documento, «constituyendo unos elementos complementarios necesarios para el buen funcionamiento de estos servicios.
La Junta prevé también gastarse 200.000 euros en la revisión de precios de contratos de obras y otros 400.000 euros en las expropiaciones de obras de carreteras. En reclamaciones ha calculado un gasto aproximado de 800.000 euros y para editar un mapa de Castilla-La Mancha gastará 3.000.